El nuevo Siglo: ¿Un nuevo horizonte para el cambio?

El cambio de siglo ha traído consigo nuevas condiciones para el mundo universitario latinoamericano; en ese cambio, las transformaciones económicas y políticas de la región son un dato clave.

En efecto, entre 2003 y 2007 las variables económicas de la mayor parte del continente indican un cambio favorable: aumento del producto por habitante, baja en la tasa de desempleo, mejoramiento de los salarios reales. En parte esto se debe a una demanda sostenida de materias primas por parte de los mercados externos, lo cual a su vez ha permitido que las balanzas de pago se equilibren, que se saneen las cuentas públicas y que crezcan los ingresos fiscales. La posibilidad de cancelar pagos internacionales ha permitido una menor dependencia de los organismos financieros mundiales.

Si bien estas modificaciones no alcanzan para revertir las situaciones de desigualdad y dependencia productiva y tecnológica que aún padece la región, son un aliciente en la perspectiva futura.

Por otro lado, también es de notar un cierto cambio en los posicionamientos políticos de los gobiernos: una recuperación del Estado como ejecutor —y no sólo tutor— de políticas públicas que impulsen la economía y atiendan a su vez la problemática social. En este sentido, la educación superior, en particular la pública, ha cobrado nuevamente relevancia no sólo cómo formadora de recursos humanos calificados —de cara al mercado— sino como pieza clave para la implementación de reformas estructurales vinculadas al desarrollo productivo de cada nación.

¿Hacia un nuevo modelo educativo?

En primer lugar, la matrícula de educación superior ha continuado en expansión, tanto en el ámbito público como privado. El crecimiento del número de las instituciones también se ha mantenido en alza, si bien algunos de los mecanismos de evaluación y acreditación y la saturación misma de la oferta han actuado como inhibidores para la creación de nuevas instituciones.

Por otro lado, en algunos países se han puesto en marcha proyectos, impulsados por el Estado, para paliar el problema del acceso diferencial a la educación superior. Es decir, intentar que el crecimiento de la matrícula sea un mecanismo de inclusión social. Por ejemplo, en Brasil, desde 2005 viene implementándose el programa Universidad para Todos: se trata de un programa que concede becas parciales y totales a estudiantes de bajos recursos para realizar cursos en instituciones privadas; a cambio, ofrecen a dichas instituciones exenciones impositivas. A partir de ese año también se han creado diez universidades federales y 49 nuevos campus en las universidades que ya existían en el sistema. Esto permitió ofrecer más vacantes en el sistema público gratuito y enfrentar el problema de las desigualdades regionales. Junto con esto se han establecido cupos de ingreso asegurado para estudiantes provenientes de la educación media pública y para sectores marginados tradicionalmente por cuestiones raciales y étnicas (Peixoto de Lacerda, 2008).

En segundo lugar, y a instancias también de la nueva orientación política de la mayoría de los Estados latinoamericanos, los procesos de integración regional han comenzado a tener efectos concretos en el campo de la educación superior.

Los países integrantes del MERCOSUR desarrollaron en los últimos años un mecanismo experimental de acreditación conjunta de las carreras de Agronomía, Ingeniería y Medicina, el MEXA. El resultado ha sido satisfactorio al punto de que, una vez concluido, se ha iniciado un nuevo proyecto de acreditación conjunta que cubrirá a más cantidad de carreras, involucrará a más agencias, evaluadores, técnicos, etc., y funcionará de manera permanente. Se trata del proyecto ARCU–SUR.

En este caso, dos son las acciones que, iniciadas en los noventa, encuentran un efecto consistente entrada ya la década del 2000: la difusión de las prácticas de evaluación y acreditación y el marco regional como contexto para aplicarlas.

Junto con esto, es de resaltar que los países que no tenían ni leyes ni agencias específicas de evaluación y acreditación, poco a poco, en los últimos años, las han sido sancionando y creando, respectivamente, siendo los últimos Venezuela y Perú, cuyas agencias se han creado en 2008.

También en Centro América es posible rastrear el desarrollo de proyectos de integración; tal es el caso del Consejo Centroamericano de Acreditación, cuyo objetivo es impulsar el mejoramiento de la calidad, la pertinencia y la integración de la educación superior centroamericana, y brindar apoyo para la creación de agencias nacionales o regionales de acreditación. Su función principal es conceder la acreditación y el reconocimiento regional a los organismos de acreditación de la calidad de la educación superior que operen en cada país o en la región centroamericana.

A diferencia de la década del noventa, en la cual la tendencia parecía ser integrarse de manera pasiva al mundo globalizado, esto es, favorecer la relación casi de manera excluyente con los países del primer mundo, las naciones de América Latina vienen realizando importantes esfuerzos para fortalecer los acuerdos regionales y apostando a que la integración continental puede ser el marco de políticas activas —y no sólo defensivas— para beneficio de todos los ciudadanos. La educación superior parece ser —y debería serlo— un área clave para desarrollar estos proyectos.

En tercer lugar, a la luz de los nuevos esquemas de política antes mencionados, el acervo de cuadros altamente calificados adquiere otra dimensión. Tal como se indicó en parágrafos anteriores, el crecimiento de los posgrados debiera estar acompañado por esfuerzos interinstitucionales, así como la conformación de redes que dinamicen el intercambio y la cooperación entre estos cuadros. De este modo, a través de los posgrados se canalizan importantes transformaciones contemporáneas de la educación superior, tales como los esquemas de formación continua, los procesos de movilidad académica, la aparición de nuevas disciplinas y, muy vinculado a este último aspecto, la difusión mundial de las reglas de legitimación académica. Por otra parte, ante el propósito de elevar la dotación de personas formadas en el nivel superior, son relevantes las políticas referidas al posgrado y al fortalecimiento de la formación y actualización de los formadores.

Los peligros que se mantienen

Si bien el panorama futuro presenta signos halagüeños —tales como el crecimiento de la matrícula, la expansión del posgrado, la consolidación de la cultura de la evaluación, el mayor involucramiento del Estado en temas educativos, entre otros— subsisten otros aspectos aún preocupantes.

En primer lugar, es preocupante la erosión del lenguaje referido a la educación superior y su mutación hacia un lenguaje más economicista y de gerenciamiento público. En algunos sectores dirigenciales de las universidades se imponen conceptos tales como "capitalismo académico", "universidad emprendedora", "base de financiamiento discrecional", entre otros. ¿Se trata de resabios de una época en la cual se suponía que las universidades debían gestionarse con ese tipo de criterios, o bien de una nueva avanzada del neoliberalismo educativo? El síntoma está; habrá que esperar para visualizar hacia dónde decanta ese modo de entender el funcionamiento de la educación superior.

Por otro lado está el avance de los propósitos económicos implicados en el desarrollo de la educación transnacional, que se sintetizan en la intención de considerar a la educación como un servicio pasible de ser incorporado a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Los países de la región aún no cuentan con suficientes mecanismos legales para contener y controlar ese avance, lo cual facilita la instalación y difusión de instituciones y carreras provenientes del extranjero en detrimento de los sistemas locales. Por otro lado, pone en discusión la definición misma y el sentido de la educación: ¿se trata de un bien público o es una mercancía susceptible de intercambiarse en el mercado mundial sin mayores restricciones?, por fin, ¿educación superior en función de qué proyecto político o de qué intereses económicos?.